12 Estados Llevan a Trump a los Tribunales: Se Intensifica la Batalla Contra los Aranceles del 'Día de la Liberación'

El Enfrentamiento Legal: 12 Estados Desafían la Autoridad Arancelaria de Trump

En una confrontación legal significativa que podría redefinir los poderes comerciales presidenciales, doce estados de EE.UU. han solicitado a un tribunal federal que detenga los controvertidos aranceles del 'Día de la Liberación' del presidente Donald Trump. El caso, escuchado el miércoles 21 de mayo de 2025 por un panel de tres jueces en el Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan, representa uno de los desafíos más sustanciales al uso expansivo de la autoridad ejecutiva de Trump en política comercial.

La coalición de estados, liderada por fiscales generales demócratas de Nueva York, Oregón y otros estados, sostiene que Trump ha sobrepasado enormemente sus límites constitucionales al declarar una emergencia nacional para imponer amplios impuestos a las importaciones de naciones que venden más a Estados Unidos de lo que compran. En el centro de su argumento está la afirmación de que el presidente busca un 'cheque en blanco' para gestionar el comercio 'a su discreción' sin la debida supervisión o aprobación del Congreso.

El Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield, una figura prominente en la demanda, ha sido particularmente vocal sobre el impacto económico de estos aranceles, estimando que impondrán una carga adicional de $3,800 al hogar promedio anualmente. 'El presidente Trump promulgó estos aranceles sin la aprobación del Congreso, consulta pública o limitaciones – y afirma que sus decisiones son inmunes a la revisión judicial', declaró Rayfield. 'Esto es un abuso de los poderes de emergencia.'

Entendiendo la Estrategia Arancelaria de Trump

La política arancelaria de Trump ha evolucionado en varias oleadas desde principios de 2025. En febrero, impuso aranceles significativos a China, México y Canadá, citando preocupaciones sobre inmigración y tráfico de drogas. Para abril, expandió su enfoque con un arancel general del 10% a todas las importaciones, denominados aranceles del 'Día de la Liberación', con tasas elevadas para países con los que EE.UU. tiene déficits comerciales significativos, particularmente China.

El presidente ha justificado estas medidas caracterizando el déficit comercial de larga data de EE.UU. como una emergencia nacional que amenaza a los fabricantes estadounidenses y la seguridad económica. Este encuadre es crucial para su justificación legal, ya que le permite invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 diseñada para abordar amenazas 'inusuales y extraordinarias' para la nación.

Sin embargo, muchos de estos aranceles específicos fueron suspendidos una semana después de su implementación, y la administración Trump recientemente redujo algunos de los aranceles más severos sobre China mientras negocia un acuerdo comercial a largo plazo. Este enfoque fluctuante ha creado una incertidumbre significativa en el mercado y se ha convertido en un punto focal en los desafíos legales.

La Cuestión Constitucional: Poder Presidencial vs. Autoridad del Congreso

La batalla legal se centra en una cuestión constitucional fundamental: ¿Tiene el presidente la autoridad para imponer unilateralmente aranceles generalizados sin la aprobación explícita del Congreso?

Según la Constitución de EE.UU., el poder para 'establecer y recaudar Impuestos, Derechos, Gravámenes y Contribuciones' pertenece al Congreso, no al presidente. Con el tiempo, el Congreso ha promulgado leyes que otorgan al presidente cierta autoridad arancelaria bajo circunstancias específicas, pero los estados argumentan que Trump ha malinterpretado significativamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para validar sus aranceles.

La IEEPA permite al presidente ejercer varios poderes económicos durante una emergencia nacional, incluida la regulación o prohibición de importaciones, aunque no menciona específicamente los aranceles. Los demandantes afirman que la 'emergencia nacional' que Trump citó – esencialmente el déficit comercial que ha existido durante décadas – es simplemente 'un producto de su imaginación' y no constituye el tipo de 'amenaza inusual y extraordinaria' requerida por la ley.

Argumentos Legales y Doctrinas Conservadoras

Curiosamente, los desafíos legales se basan en dos doctrinas que los jueces nombrados por republicanos han desarrollado y adoptado en los últimos años – ambas podrían pesar contra la posición de la administración Trump.

La 'doctrina de no delegación' defendida por los conservadores sostiene que el Congreso no puede delegar sus poderes legislativos a otros organismos, incluido el poder ejecutivo. Cinco nombrados republicanos en la Corte Suprema han señalado interés en desplegar esta teoría más agresivamente, lo que en este caso sugeriría que el uso de aranceles por parte de Trump es inconstitucional.

Además, la 'doctrina de las cuestiones importantes' ha sido utilizada por jueces conservadores para anular acciones ejecutivas que exceden un umbral indefinido de 'significancia económica y política'. En esas situaciones, debe existir una clara delegación de autoridad del Congreso – que los estados argumentan no existe para estos aranceles.

El Departamento de Justicia ha respondido argumentando que la demanda debería ser desestimada, alegando que los estados solo han presentado 'pérdidas económicas especulativas' en lugar de daños específicos. También sostienen que solo el Congreso tiene la autoridad para impugnar una emergencia nacional declarada por el presidente bajo la IEEPA, no los estados individuales o el poder judicial.

Impacto Económico y Respuesta Corporativa

Las implicaciones económicas de las políticas arancelarias de Trump han sido sustanciales. Un modelo de la Universidad de Yale estima que aumentarán la inflación, resultarán en casi 800,000 empleos perdidos y reducirán la economía estadounidense en aproximadamente $180 mil millones anualmente.

Grandes minoristas como Walmart han comenzado a pronunciarse sobre el impacto en los consumidores. Después de inicialmente restar importancia a los posibles efectos, Walmart cambió su postura en mayo, advirtiendo que el aumento de aranceles probablemente conduciría a precios más altos. 'Estamos alentados por los avances de la administración [Trump] en aranceles desde los niveles introducidos a principios de abril, pero siguen siendo excesivamente altos', declaró el CFO John David Rainey en una entrevista con CNBC.

Esta respuesta más directa de Walmart subraya una creciente disposición entre los ejecutivos corporativos para desafiar abiertamente las posturas políticas de Trump, a pesar de los riesgos de críticas públicas del presidente. De hecho, Trump respondió a Walmart en las redes sociales, instruyendo a la compañía a 'COMERSE LOS ARANCELES' en lugar de trasladar los costos a los consumidores.

Del 10 al 25 de abril, hubo 139 respuestas corporativas concernientes a aranceles a través de varios canales, incluyendo comunicados de prensa, llamadas de ganancias, redes sociales, entrevistas en medios y memorandos a empleados – un aumento significativo respecto a períodos anteriores.

El Panorama Legal Más Amplio

La demanda de los estados es uno de al menos siete desafíos legales a las estrategias arancelarias de Trump. California ha iniciado una demanda separada en un tribunal federal en San Francisco, mientras que otras acciones legales han sido emprendidas por empresas, grupos de defensa y miembros de la Nación Blackfeet.

La semana pasada, el mismo panel de tres jueces escuchó argumentos en un caso relacionado presentado por cinco pequeñas empresas, y se anticipa un fallo en las próximas semanas. Estos casos están siendo escuchados en el Tribunal de Comercio Internacional, que se ocupa específicamente de demandas civiles relacionadas con el comercio internacional.

Las decisiones de este tribunal pueden ser apeladas ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito Federal en Washington, D.C., y en última instancia ante la Corte Suprema, donde se espera ampliamente que terminen los desafíos legales a los aranceles de Trump.

A medida que estos casos avanzan, probablemente darán forma no solo al panorama económico inmediato sino también al equilibrio de poder a largo plazo entre las ramas ejecutiva y legislativa en la definición de la política comercial. El resultado podría restringir significativamente – o afirmar – la autoridad presidencial para imponer aranceles unilateralmente, con implicaciones de gran alcance para las relaciones comerciales internacionales y la política económica doméstica.